La designación unilateral de organizaciones terroristas por Estados Unidos como mecanismo de presión sobre la soberanía estatal

RESUMEN

El presente ensayo analiza cómo Estados Unidos emplea la designación unilateral de países y organizaciones como “terroristas” como un mecanismo de presión que socava la soberanía de naciones como Irán, Venezuela y Cuba. Desde una perspectiva del realismo en las relaciones internacionales, estas acciones responden más a una estrategia de poder y mantenimiento de hegemonía que a motivos jurídicos legítimos. Las sanciones y bloqueos económicos impuestos por EE. UU. afectan la autonomía de los Estados afectados, limitando sus relaciones internacionales y vulnerando principios básicos del Derecho Internacional, como la no intervención y la igualdad soberana. Diversos autores y organismos internacionales han señalado que estas prácticas incumplen las normativas internacionales y representan una forma de injerencia encubierta, además de distorsionar el concepto de lucha contra el terrorismo. La comunidad internacional, incluyendo actores como China, Rusia y la Unión Europea, ha cuestionado la legalidad y legitimidad de dichas designaciones.

En este contexto, el trabajo concluye que estas prácticas constituyen un uso político y coercitivo del derecho, que refuerza la posición hegemónica de EE. UU. a costa de la soberanía de otros Estados y del orden jurídico internacional.

Palabras clave: Soberanía, terrorismo, designaciones unilaterales, Hegemonía, Derecho Internacional, Estados Unidos.

INTRODUCCIÓN

En el complejo escenario del orden internacional contemporáneo, la soberanía estatal enfrenta presiones crecientes derivadas de prácticas unilaterales que contravienen los principios del Derecho Internacional. Aunque la Carta de las Naciones Unidas considera la soberanía como la base de las relaciones entre los Estados, las prácticas modernas de designar unilateralmente a ciertos países u organizaciones como “terroristas” o “patrocinadores del terrorismo” empleada con frecuencia por Estados Unidos ha reducido su vigencia real. Dando paso así a que estas designaciones, que conllevan sanciones, bloqueos y restricciones financieras, operan como mecanismos de coerción política y limitan la autonomía estatal diluyendo los límites del principio de no intervención (Maurer & Douhan, 2023).

El artículo 2 de la Carta de la ONU consagra la igualdad soberana y la no intervención como fundamentos del Derecho internacional; sin embargo, las sanciones unilaterales impuestas sin consenso multilateral por parte de Estados Unidos vulneran dichos principios (Bogdanova, 2022). De hecho, la Resolución 2625 (1970) prohíbe toda medida coercitiva que limite la voluntad de otro Estado, mientras la Resolución 2131 (1965) reitera la inadmisibilidad de la intervención directa o indirecta en los asuntos internos; pues no puede ser nunca considerada como justificación válida de la imposición de decisiones políticas externas. Ejemplos paradigmáticos son Irán, Venezuela y Cuba: en abril de 2019, Estados Unidos designó a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista, provocando el rechazo de Teherán (Wroughton, 2019); en Venezuela, la acusación de vínculos entre el Tren de Aragua y el gobierno de Maduro legitimó sanciones devastadoras que sirvieron de base para llevar la economía venezolana al borde del abismo (Hesson, 2025); y en Cuba, la reiterada inclusión como “Estado patrocinador del terrorismo” carece de pruebas recientes que puedan acreditar el apoyo estatal a grupos armados, revelando un uso político del término más que la orientación técnica de la designación (McCluskey, 2014; Byman, 2020). La respuesta internacional, China, Rusia, la UE y el ALBA-TCP han calificado tales prácticas como ilegales e injerencistas (AFP, 2025; MFA, 2025; Prensa Latina, 2025; Miranda, 2025).

Por lo tanto, con base a este panorama, el presente ensayo sostiene la siguiente hipótesis central: Estados Unidos emplea de manera unilateral la designación de organizaciones o Estados como “terroristas” o “patrocinadores del terrorismo” como un mecanismo de presión sobre la soberanía estatal de Irán, Venezuela y Cuba, socavando el principio de no intervención y consolidando su posición hegemónica en el sistema internacional. Desde esta hipótesis, el objetivo general es analizar cómo la designación unilateral de organizaciones y Estados como “terroristas” o “patrocinadores del terrorismo” por parte de Estados Unidos funciona como un mecanismo de presión que vulnera la soberanía estatal de Irán, Venezuela y Cuba, consolidando su hegemonía en el sistema internacional y cuestionando los principios fundamentales del Derecho Internacional; mientras que los objetivos específicos se orientan a:

1. Examinar las bases políticas, estratégicas y normativas que sustentan la práctica de designaciones unilaterales de terrorismo en la política exterior de Estados Unidos.
2. Analizar los efectos de estas designaciones en la soberanía y las relaciones internacionales de Irán, Venezuela y Cuba.
3. Evaluar la compatibilidad o contradicción de estas medidas con los principios del Derecho Internacional, especialmente el principio de no intervención y la igualdad soberana de los Estados.

De esta manera, el presente ensayo adoptará un enfoque interdisciplinario, combinando el análisis teórico de las relaciones internacionales con la evaluación normativa del Derecho Internacional contemporáneo y estudios de casos empíricos. Desde el enfoque realista de John Mearsheimer, se explica que las potencias buscan consolidar su hegemonía mediante la eliminación de amenazas potenciales (Toft, 2005), mientras que Waltz sostiene que, en un sistema anárquico, los Estados actúan para garantizar su seguridad (Lobell, 2017; Sun, 2014).

Por su parte, el realismo neoclásico de Schweller (2010) incorpora variables internas e institucionales para explicar que tales decisiones responden tanto a estrategias globales como a intereses políticos nacionales. Carr (2004) y Morgenthau (Araya, 2019) ya advertían que las apelaciones a la moral o al derecho encubren intereses de poder. Y, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la doctrina de acción preventiva consolidó esta tendencia (The White House, 2002), permitiendo interpretaciones jurídicas favorables al accionar unilateral (Goldsmith, 2007). Así, la etiqueta de “terrorismo” se ha transformado, como advierte Butchard (2017), en una herramienta política más que jurídica, distorsionando el orden internacional.

Por ende, se busca demostrar que la retórica antiterrorista, lejos de constituir un discurso universal, opera como un instrumento de poder simbólico y material que redefine los márgenes de la soberanía estatal y plantea serios desafíos al orden jurídico global.

DESARROLLO

Desde la óptica del realismo en las relaciones internacionales, la costumbre de Estados Unidos de etiquetar unilateralmente a ciertos países u organizaciones como “terroristas” tiene más que ver con una estrategia para mantener el poder que a una motivación con verdaderas razones legales o morales. De acuerdo con John Mearsheimer (Toft; 2005), en su teoría del realismo ofensivo, las grandes potencias diseñan su política exterior con un objetivo principal: garantizar su supervivencia. Y lo hacen en un escenario mundial que es anárquico, es decir, sin una autoridad superior que vele por la seguridad de todos. En este marco, la hegemonía puede convertirse en una forma racional de prevenir amenazas. Para Toft (2005), Mearsheimer entiende que la política exterior de Estados Unidos está orientada por un interés expansivo que busca neutralizar retos antes de que surjan. De este modo, las designaciones unilaterales de “terrorismo” pueden ser vistas como una extensión de esta lógica: como un recurso político a utilizar en el proceso de afianzar su lugar estructural en la jerarquía internacional y escudada por un relato de seguridad en la comunidad internacional.

Kenneth Waltz (Lobell, 2017), partiendo desde el neorrealismo estructural, coincide con Mearsheimer sólo en un porcentaje relativamente pequeño, pero con una visión más defensiva. Para él, el sistema internacional obliga a los Estados a buscar su seguridad a través de un equilibrio, que es el equilibrio de poder (Lobell, 2017). Desde esta perspectiva, Estados Unidos podría justificar sus designaciones unilaterales a partir de una concepción funcionalista y defensiva, pues las respondería a amenazas que pudieran poner en riesgo su seguridad nacional o regional, en especial cuando vislumbra a regímenes como Irán o Venezuela como Estados desestabilizadores. No obstante, dichas medidas de carácter unilateral contradicen los postulados del equilibrio del cual habla Waltz, puesto que al llevar a cabo acciones sin consenso multilateral, Estados Unidos estaría distorsionando la noción de equilibrio y favoreciendo una estructura jerárquica de dominación encubierta.

En términos del realismo neoclásico, Schweller (2010) sostiene que los Estados no únicamente se conducen en función de la estructura internacional; también se comportan en función de sus intereses internos, ideológicos, estratégicos, etc. La declaración de que ciertos países son Estados patrocinadores del terrorismo puede ser, de este modo, una acción de gobierno por parte de los Estados que responde a intereses políticos o económicos y no a una amenaza objetivo concreta. Un ejemplo sería la estrategia política para mantener la inclusión de Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo, aun cuando no haya pruebas relevantes. La presencia continua de Cuba en esta lista representa un comportamiento meramente de cálculo práctico. Este tipo de conducta genera poder simbólico: redefine quién es enemigo o amenaza, adaptándolo a los intereses coyunturales del hegemón.

La tradición del realismo clásico da soporte a esta interpretación. Edward Hallett Carr (2004) afirmaba que las relaciones internacionales son, fundamentalmente, una competencia por el poder en la que los principios morales y legales (jurídicos) son frecuentemente alineados con los intereses nacionales. Desde este enfoque, las sanciones unilaterales o las designaciones de terrorismo son, más bien, la defensa de la moralidad ansiada por el poder dominante que una defensa de unos valores universales. Por su parte, Hans Morgenthau (Araya, 2019), quien igualmente coincidía en que el interés definido como poder consideraba el uno de los pilares de la política internacional, afirmaba que los Estados obran de manera racional para sobrevivir y expandir su poder, utilizando cualquier recurso ya sea militar, económico e ideológico para defender su supremacía. En este sentido, designar a un Estado en términos de “terrorista” o “patrocinador del terrorismo” no es un acto de justicia internacional, sino un reflejo de esa naturaleza básica y esencial al interés del poder que Morgenthau consideraba irrenunciable en la lógica del comportamiento estatal.

La dimensión estratégica de la práctica también se entiende desde la lógica de la doctrina de la seguridad nacional norteamericana, que se instituyó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 donde la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 (NSS) institucionalizó el principio de acción preventiva o preemption en la cual se justificaba la acción preventiva como parte del propio principio de la NSS ante amenazas que de manera potencial pudiesen aparecer en un escenario incierto y que no exigía la aprobación como elemento de la acción que se estaba justificando (The White House, 2002). Para Steinberg (2002), era la forma en la que la doctrina había reformulado la noción de inminencia justificando el acto unilateral en nombre de la seguridad mundial; desde aquel momento el uso y la categoría de terrorismo pasó a considerarse como amenazadora, con la inclusión no sólo de actores no estatales sino también de gobiernos considerados amenazantes. En esta etapa, una nueva forma de normar y discursivizar se fue consolidando, en la que el orden jurídico y en el que EE. UU. fueron colocando las condiciones necesarias para poder actuar fuera del orden jurídico internacional: otro modo de entender y reinterpretar la carta de la ONU en función de sus propios intereses.

Goldsmith (2007), quien fue asesor jurídico del gobierno estadounidense, denuncia en su exposición que tras el 11-S se construyeron marcos jurídicos internos para justificar la extraterritorialidad de la acción estatal. En sus términos, se hizo un esfuerzo de racionalizar jurídicamente decisiones políticas ya existentes, ampliando el alcance del poder ejecutivo a partir de la justificación de la “guerra contra el terror”. Por lo que, las designaciones unilaterales no surgieron de una evolución normativa legítima sino de un proceso de readaptación estratégica que instrumentaliza el derecho para garantizar la hegemonía estadounidense tras el 11-S.

En cambio, desde otro punto de vista, autores como Butchard (2017) defienden que Estados Unidos ha utilizado desde hace tiempo el terrorismo como una herramienta de política exterior y para ello utiliza prácticas encubiertas a base de prácticas como la guerra sucia en Centroamérica o el programa Phoenix en Vietnam para proyectar su influencia y debilitar a su adversario. Esta falta de una doble racionalidad, donde el Estado que define el terrorismo lo practica por la misma medida que lo define, hace expresiva la constitutiva dimensión política de la designación unilateral. La retórica antiterrorista es entonces vista como un instrumento legitimador de acciones coercitivas y no como una expresión de defensa colectiva.

Con mayor énfasis, después del 11 de septiembre la política exterior de los Estados Unidos se redistribuyó en base a una doctrina de seguridad preventiva que hizo posible los actos unilaterales en nombre de la “guerra contra el terrorismo”. Fitzpatrick (2003) señala que este giro permitió rediseñar las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y la detención preventiva, y condujo a un desplazamiento del derecho internacional tradicional hacia un régimen de excepciones que debilitó las salvaguardas legales de los Estados. A partir de esa reinterpretación, Washington asumió una potestad de clasificación global que, aunque carecía del reconocimiento de los organismos multilaterales, le ha permitido aplicar medidas coercitivas en contra de aquellos Estados que cuestionaban alguna de sus pautas geopolíticas.

Scheinin y Vermeulen (2011) afirman que este tipo de excepciones unilaterales a las normas internacionales en materia de derechos humanos y seguridad social, desde su aspecto jurídico propiamente dicho, tienden a ser utilizadas en mala fe, es decir, a distorsionar los principios jurídicos de proporcionalidad y legitimidad, de modo que tal instrumentalización del derecho deviene en una jerarquización de Estados (aquellos sometidos a sanciones y aislamiento, y aquellos que no, ya que gozan de razones estratégicas). Por eso, se observa que la unilateralidad de estas designaciones consolida una estructura de poder que privilegia la visión estadounidense por encima de los mecanismos colectivos del sistema jurídico multilateral existente.

El caso de Irán configura uno de los ejemplos más evidentes de esta táctica coercitiva. En abril de 2019, Estados Unidos declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una institución estatal iraní, como organización terrorista (Wroughton, 2019). Tal declaración fue calificada por el mismo Irán como “ilegal” e “injerencista”, ya que supone la primera vez que se incluye en una lista de terrorismo a una fuerza militar de otro Estado. En la práctica, dicha decisión dio paso a la posibilidad de congelar activos y sancionar a personas o entidades asociadas a un órgano legítimo del Estado iraní, llevando la jurisdicción estadounidense más allá de los límites establecidos por el derecho internacional. Desde un punto de vista jurídico, esta tipificación constituye una extralimitación de soberanía, ya que ningún Estado puede atribuir a otro un estatus que modifique su personalidad jurídica internacional, sin resolución del Consejo de Seguridad.

Así pues, las declaraciones unilaterales de EE.UU. que catalogan a determinados actores como terroristas parecen obedecer más a intereses estratégicos que a bases legales legítimas. Desde un punto de vista realista, el discurso contra el terrorismo se transforma en una herramienta para sostener acciones coercitivas y mantener su influencia global, aunque eso signifique transgredir principios fundamentales del Derecho Internacional, tales como la soberanía igualitaria de los Estados y la posición primordial del Consejo de Seguridad.

En este sentido, la argumentación ética que ha sostenido dichas medidas tiene una asunción de la soberanía muy reducida. De Nevers (2007) sostiene que en la administración Bush existía la creencia de que los llamados «Estados que patrocinan el terrorismo» ya no tenían derecho a los derechos que otorga la soberanía típica, pues ya habían renunciado a ella por dar cobijo y protección a los grupos armados. Él sostiene que aunque es un argumento que tiene su legitimidad ética, implica romper el principio de igualdad soberana porque implica que ese Estado tiene menos «derechos de soberanía» por ser más alineado con lo políticamente correcto. En realidad, esta narrativa permite justificar sanciones, bloqueos y castigos aplicados a Estados como el de Cuba, el de Irán, etc. bajo argumento de que son Estados que amenazan la seguridad internacional.

La designación ha tenido incluso efectos directos en América Latina. En el caso de Venezuela, Estados Unidos ha extendido la designación de la etiqueta terrorista a actores no estatales como el caso de la banda del “Tren de Aragua” o el presunto “Cartel de los Soles” que estaría asociado a la administración de Nicolás Maduro (Hesson, 2025). El uso de malas designaciones se presentan como medidas de seguridad, pero generan consecuencias económicas y diplomáticas diferentes del fin que es el combate al crimen organizado: se congelan los activos, las capacidades de operar internacionalmente se ven reducidas y las empresas extranjeras se ven forzadas a salir del país por el temor a sanciones secundarias. Expertos como Andrés Sumano han manifestado que esta práctica “subordina la soberanía” de los Estados afectados, pues trasladan las decisiones judiciales o financieras a la jurisdicción estadounidense sin autorización internacional (Hesson 2025).

El aprovechamiento de estas listas como instrumentos de coerción también se pone de manifiesto en el caso cubano. La reiterada inclusión de Cuba en la “lista negra” o lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo es considerada tanto desde las instituciones cubanas como desde sus aliados, como una maniobra de presión política más que como la ocupación de un lugar en una lista de seguridad. Blazakis (2020), por su parte, sostiene que la etiqueta sirve como un medio para “exprimir” o deslegitimar a gobiernos no proclives al régimen estadounidense, aun cuando no existan evidencias contemporáneas de participación en actividades terroristas. El artículo de Al Jazeera (McCluskey, 2014) también comparte esta idea, pues al referirse a la lectura de esa lista apostilla que los países que acaban en la misma suelen ser aquellos cuya existencia está marcada por el enfrentamiento ideológico contra el Estado americano, en tanto que existen otros países con pruebas de sus vínculos a grupos armados que no se encuentran en una lista negra por razones de otra índole más estratégicas. Se hace notar, entonces, que lo que se tiene en cuenta para la inclusión de un país responde más a conocimientos políticos que a un análisis empírico válido, produciendo así un doble rasero. Desde el ámbito de los principios del derecho internacional los cuales hacen una firme apuesta por los principios de justicia y de no discriminación, esa consideración no tiene validez.

Byman (2008; 2020) también hace hincapié en la condición “retrasada, politizada y analíticamente confusa” que tienen estas denominaciones, indicando que la lista estadounidense no captura adecuadamente la realidad contemporánea del terrorismo internacional, pues países como Cuba o Corea del Norte han disminuido notablemente su relación con las actividades terroristas y las nuevas amenazas no estatales o híbridas no están siquiera en forma de registro. Dicho desfase demuestra que las denominaciones constituyen más bien instrumentos de aislamiento diplomático que de respuestas coherentes a riesgos de seguridad.

Los efectos de esta política hacia la soberanía aparecen también en el ámbito internacional. Entidades como la ONU han censurado como erróneas las sanciones unilaterales por contrastar con el artículo 2 de la Carta, que asegura la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Cada año, la Asamblea General vota las resoluciones que dicen no al bloqueo contra Cuba, afirmando que dichas sanciones son un atentado a la Carta y al derecho de autodeterminación (El Popular, 2024). Estas resoluciones, aunque no vinculantes, son el testimonio del consenso internacional en cuanto a la ilegitimidad de las sanciones coercitivas impuestas sin el consentimiento multilateral.

Igualmente, la reacción internacional ante estas listas también se muestra resistente. Así, China ha criticado las sanciones unilaterales emanadas desde Estados Unidos hacia Venezuela y Cuba, al considerarlas ilegales e injerencistas (MFA, 2025; 焦元, 2024). Para la parte china, estas sanciones violan las “reglas básicas que rigen las relaciones internacionales” y constituyen un tipo de “jurisdicción extraterritorial” que expande el alcance de EE.UU. más allá de su suelo soberano, del mismo modo que denunciaba la reinstauración de Cuba en la lista como una búsqueda de “provocar inestabilidad y cambio de régimen” en los gobiernos afines a Moscú (AFP, 2025). Ambas potencias también, junto con bloques regionales, como la ALBA-TCP, han resaltado que el uso selectivo del término “terrorismo” va socavando la confianza en las reglas multilaterales y multiplicando la visión de un orden internacional que debilita su propósito para responder a intereses hegemónicos.

En esta misma línea, el Parlamento Europeo ha hecho pública su inquietud por los efectos económicos y financieros de las sanciones a raíz de la lista estadounidense, en especial por los efectos adversos que han de sufrir las empresas europeas debido a que han debido dejar de comerciar con Cuba ante el temor a represalias (Miranda, 2025). Dicha dimensión extraterritorial pone de relevancia que las designaciones no sólo afectan a la soberanía de los Estados señalados, sino también a la autonomía de los terceros Estados, poniendo en cuestión el principio de no intervención, incluso en el ámbito de la economía.

El contexto jurídico de esta práctica tiene que ver con la doctrina de la “guerra preventiva”, impulsada de nuevo por Estados Unidos tras los ataques del 11-S. Kattan (2017) sostiene que Washington y Londres reinterpretaron el derecho a la legítima defensa para poder incorporar medidas anticipatorias dirigidas contra Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo, ampliando así la competencia que tienen los Estados a nivel internacional, incluso más allá de lo que prevé el artículo 51 de la Carta de la ONU. Esta tendencia ha ido logrando la normalización del uso unilateral de la fuerza y la sanción, debilitando la estructura jurídica colectiva que soportaba el sistema internacional desde 1945.

Es así que el simple hecho de declarar a Irán, Venezuela y Cuba como “terroristas” o “patrocinadores del terrorismo” no responde a motivos de seguridad sino que constituye un instrumento político para inducir conductas estatales a partir de los intereses de Washington. La reiteración de la práctica de sancionar, aislar y condicionar las relaciones diplomáticas aludiendo a tal cuestión desmantela la soberanía nacional de los Estados objeto de dicha acción, socava los principios del Derecho Internacional y fortalece una práctica de dominación estructural visualizarse en el sistema internacional. Usando el discurso antiterrorista, Estados Unidos consolida un lugar de dominio que va redefiniendo los márgenes de la legalidad internacional a partir de su hegemonía política y económica, condenando así a los Estados designados por esa práctica a una marginalidad jurídica y diplomática.

Por ende, las designaciones impuestas a Cuba, Venezuela e Irán han tenido un impacto directo sobre su soberanía y sus relaciones internacionales. Estas acciones limitan su autonomía política, económica y diplomática porque se basan en motivaciones políticas más que en fundamentos legales. Por lo tanto, crean aislamiento, bloqueos financieros y una reducción de legitimidad a nivel mundial, poniendo las decisiones internas por debajo de los intereses externos y violando los principios de no intervención e igualdad soberana que el Derecho Internacional reconoce.

En consecuencia, se evidencia que las sanciones unilaterales que un Estado aplica sin la previa autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas atacan en el fondo el principio de la igualdad soberana que emana del artículo 2 (1) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se señala que todos los Miembros de la ONU gozan de la misma dignidad jurídica. Sheikh (2025) sostiene que las sanciones impuestas de forma arbitraria “a Estados soberanos” constituyen una violación del principio mencionado, ya que “despojan a los Estados del derecho a ejercer plenamente sus derechos inherentes en su soberanía” (p. 2). Dicha afirmación evidencia que la práctica de la designación unilateral, y las sanciones que de ésta se aplican implican, suponen un modo de subordinación de la autonomía estatal a la voluntad del Estado que aplica la sanción.

A la par, la doctrina del principio de no intervención ha sido bastante trabajada por la jurisprudencia y la doctrina legislativa como norma de carácter indisputable que evita que otro Estado tenga injerencia directa o indirecta dentro de los asuntos internos de un Estado. Para Roncagliolo (2015), “el principio … se ve vulnerado … tanto por el uso de la fuerza prohibida como por otras presiones de carácter económico, político o social que tiendan a vulnerar la soberanía de un Estado”(p. 452). De este modo, cuando un Estado sea objeto de sanciones que le obliguen a reformar sus políticas, finalmente lo que sucedería sería que estaríamos ante un acto de intervención indirecta que aniquila su autonomía y contradice con ello el derecho internacional.

En esta línea, el análisis de las sanciones económicas unilaterales constituye un aproximado de la cuestión jurídica en Bogdanova (2022) cuando examina las sanciones económicas unilaterales como posibles infracciones del artículo 2, apartado 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso o la amenaza de uso de la fuerza, así como del principio de la no intervención. Las sanciones que actúan “como un método de coacción” y ejercen “efectos extraterritoriales” sobre los Estados o entidades terceros podrían aproximarse a una forma de intervención económica ilícita (p. 71), lo cual es también ruptura del orden jurídico internacional existente y podría fortalecer la idea de que la inclusión unilateral de “terroristas” o “patrocinadores del terrorismo” no es una medida neutra, sino que va más allá de los límites aceptables del Derecho Internacional, ya que a la vez encierra una dimensión de poder.

Acompañando a las medidas llevadas a cabo por los Estados Unidos, estos marcos normativos adquieren aquí un sentido a los efectos de la presentación del caso. La designación unilateral de determinadas entidades o Estados, seguida de la imposición de sanciones extraterritoriales que afectan a la vez no solo al Estado designado, sino también a terceros intermediarios y a las empresas extranjeras que comercian con dicho Estado, representa un ejercicio de los atributos de su propia jurisdicción por parte del Estado sancionador. Tal extraterritorialidad se lleva a cabo sin la consulta previa del Consejo de Seguridad, y, por lo tanto sin la funcionalización de la labor colegiala multilateral que el propio sistema de la Carta de la ONU prevé. En este sentido, la institucionalización de tal mecanismo sancionador opera como mecanismo de presión sobre la política exterior y económica del Estado designado, y alterando su capacidad de decisión libre.

Un reciente ejemplo normativo da cuenta de la sensibilidad internacional respecto de estas prácticas. La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 16 de junio de 2025, por la que se proclamó el 4 de diciembre como el “Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales” (Sheikh, 2025), advierte que las medidas coercitivas unilaterales, “commonly cloaked in the misleading language of sanctions” (p. 1), son “…tools of political and economic compulsion”. Por su parte, la resolución insta a los Estados a “abstenerse de adoptar… medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que no estén de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas” (p. 1). El texto citado reitera el amplio consenso de que las medidas coercitivas unilaterales pueden desestabilizar el sistema multilateral y erosionar la igualdad soberana de los Estados.

Deben añadirse también amenazas del tipo de las que derivan de las objeciones formales a la naturaleza unilateral de sanciones, ya que la práctica de las designaciones como instrumento de política exterior supone problemas de orden jurídico y probatorio concretos que dificultan su compatibilidad con las normas del Derecho Internacional. En primer lugar, la doctrina del derecho de legítima defensa y la justificación de las medidas de prevención requieren exigencias probatorias y temporales rigurosas, los autores especializados han puesto de relieve que la pre-emption o la self-defense anticipatoria sólo pueden justificarse en la existencia efectiva de una amenaza inminente y pruebas fiables del riesgo para la seguridad (Schmitt, 2003; Murphy, 2005; Reisman, 2006). Aplicada a la designación lo que ello implica es que la carga probatoria a satisfacer para declarar a un Estado «patrocinador del terrorismo» no puede consistir en meras declaraciones políticas o en informes de inteligencia no contrastables, sino que han de producirse evidencias que justifiquen la medida e incluso que puedan entrar a valorar los requisitos de necesidad y proporcionalidad de la misma (Schmitt, 2003). De forma que la carencia de transparencia en los procesos de designación, y la habitual invocación de razones que tienen que ver con la seguridad nacional para limitar la posibilidad de la auditoría externa, socava las pretensiones de que las medidas de designación obedezcan a criterios jurídicos objetivos y no a motivaciones de carácter geopolítico (Kattan, 2017).

En segundo lugar, el régimen de medidas contravencionales y la doctrina de las contramedidas en Derecho Internacional cuentan con sus precisos límites: las contramedidas lícitas orientadas a inducir a otro Estado a cesar la ejecución de una conducta ilícita están sometidas al principio de la proporcionalidad y no deben vulnerar obligaciones de ius cogens (Strauss, 2021; Beyene, 2024). En el caso en el que una potencia impone medidas de carácter extraterritorial con efecto de daño humanitario o que suspenden el goce de derechos económicos y sociales, existe un riesgo cierto de quebrantamiento de obligaciones fundamentales que también mantiene el Estado sancionador (Steinbach, 2022; Bogdanova, 2024). La evidencia es pertinente, pues permite legitimar jurídicamente que toda política coercitiva cumpla con las exigencias de la prueba de la proporcionalidad y la mitigación de daños colaterales: la ausencia de tales pruebas convierte la medida coercitiva en jurídicamente dudosa (Beyene, 2024).

Por lo tanto, aunque haya razones de seguridad que justifiquen ciertas medidas, su implementación debe respetar los límites territoriales y de competencia que protegen la autonomía regulatoria de otros Estados; de lo contrario, se erosiona la estanqueidad multilateral y se establece un precedente de actuación extrajurisdiccional.

Por ello, los autores que defienden las sanciones unilaterales reconocen que estas pueden ser menos perjudiciales que una intervención armada, pero enfatizan que deben ser concebidas como medidas temporales, calibradas y revisables (Loertscher, 2020). Sin embargo, la práctica observada tiende a ser prolongada y a tener efectos sistémicos, como bloqueos financieros, restricciones comerciales y aislamiento diplomático, que no siempre se evalúan periódicamente ni se someten a mecanismos de reparación cuando causan daño (Strauss, 2021; Steinbach, 2022). Esta persistencia transforma medidas que inicialmente eran defensivas en herramientas de presión estructural que afectan derechos económicos y sociales, lo que intensifica su conflicto con la Carta y con resoluciones y pronunciamientos internacionales que piden precaución ante sanciones unilaterales (Sheikh, 2025).

Además, la práctica de seleccionar ciertos Estados para designar y eximir a otros, a pesar de tener evidencias similares, plantea un problema de discriminación jurídico-política. Cuando los criterios para incluir a alguien en estas listas parecen más relacionados con la alineación geopolítica que con estándares uniformes de conducta estatal, se debilita la argumentación de que estas medidas responden a una lógica de responsabilidad internacional. Esto refuerza la idea de que se están utilizando de manera estratégica (Byman, 2020; Blazakis, 2020). Este sesgo atenta directamente contra el principio de igualdad soberana: si las medidas coercitivas no se aplican con criterios homogéneos y verificables, la comunidad internacional no puede aceptar que se conviertan en norma prácticas que son, en realidad, decisiones discrecionales de un Estado poderoso.

En resumen, y sin repetir lo ya mencionado, se puede concluir que la compatibilidad formal entre la práctica estadounidense de designaciones unilaterales y los principios del Derecho Internacional, especialmente la no intervención y la igualdad soberana, depende de condiciones que rara vez se cumplen en la práctica: evidencia pública y verificable, proporcionalidad y temporalidad, salvaguardias para mitigar daños colaterales y mecanismos de supervisión multilateral. La falta continua de estas condiciones convierte medidas que podrían estar justificadas en abstracto en acciones que carecen de legitimidad.

CONCLUSIONES

Como conclusión general; se puede determinar que, la decisión de Estados Unidos de designar unilateralmente a ciertos Estados y organizaciones como “terroristas” va en contra del Derecho Internacional. Pues esta práctica socava la igualdad soberana y el principio de no intervención, ya que se impone sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Así, en lugar de abordar una amenaza real, estas acciones funcionan como herramientas de coerción política, con el objetivo de mantener la hegemonía estadounidense y limitar la soberanía de naciones como Irán, Venezuela y Cuba. Esto, a su vez, debilita el orden multilateral y los principios legales que sustentan la convivencia internacional.

Como primer objetivo específico, se concluye que las designaciones unilaterales de terrorismo que hace Estados Unidos parecen más una estrategia de poder que una cuestión de legitimidad jurídica. Basadas en una lógica realista, estas acciones utilizan el discurso antiterrorista para justificar medidas coercitivas y mantener su dominio global, a menudo a expensas de principios del Derecho Internacional, como la igualdad soberana y la autoridad del Consejo de Seguridad.

Por otra parte, según como se concluye para el segundo objetivo específico; estas designaciones impuestas a Irán, Venezuela y Cuba han tenido un impacto directo en su soberanía y en sus relaciones internacionales. Pues estas medidas limitan su autonomía política, económica y diplomática ya que están basadas más en criterios políticos que en fundamentos jurídicos; lo que provocan aislamiento, bloqueos financieros y una pérdida de legitimidad en el ámbito internacional, poniendo sus decisiones internas al servicio de intereses externos y vulnerando los principios de igualdad soberana y no intervención que están consagrados en el Derecho Internacional.

Dejando así, finalmente que; las designaciones unilaterales de terrorismo chocan con los principios fundamentales del Derecho Internacional, ya que afectan la igualdad soberana y el principio de no intervención al imponerse sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Al ejercer una jurisdicción extraterritorial, Estados Unidos está violando la estructura jurídica multilateral y debilitando el orden internacional que se basa en la cooperación y el respeto mutuo entre los Estados.